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PRESIDENTE

 MANUEL QUINTANA

Fuente:  Historia Argentina. Tomo V - Ediciones Océano - Prof. Vicente Gesualdo

 

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Juan Suriano - ANARQUISTAS (CULTURA Y POLITICA LIBERTARIA EN BUENOS AIRES)

Fernando Sabsay - Los presidentes argentinos - El Ateneo

Osvaldo Bayer - LOS ANARQUISTAS EXPROPIADORES Y OTROS ENSAYOS

Oscar Oszlak - La formación del Estado argentino - Ariel

Hugo Chumbita - Hijos del País - Emecé

 

 

Manuel Quintana nació en Buenos Aires el 19 de octubre de 1835. Perteneció a una acaudalada familia que sufrió las persecuciones de Rosas y se vio obligada a una dura lucha para sobrevivir. En un discurso en el Parlamento, al referirse a su hogar paterno, dijo: “La tristeza suprema de mi vida fue la despedida angustiosa del autor de mis días, que se condenaba voluntariamente al destierro para salvar, con la seguridad de su persona, su dignidad de ciudadano, en las horas aciagas de 1840. El más hermoso ejemplo que haya recibido en este mundo es de la abnegación de mi inolvidable madre, encorvada sobre la mesa de trabajo, para subvenir a las necesidades de una familia autocráticamente desposeída de la mayor parte de sus bienes heredados de sus mayores y de los adquiridos con el esfuerzo de sus jefes”. Desde muy joven tuvo intervención en la vida política; en medio de dificultades y limitaciones se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires, al os 21 años. En 1857 se incorporó a la Academia de Práctica Forense y al año siguiente pronunció el discurso de apertura de la misma.

Fue elegido diputado nacional al Congreso de la Confederación. Convocado por Mitre a elecciones nacionales, el Congreso se reunió, en mayo de 1862, en Buenos Aires. Quintana intervino activamente en los debates y se destacó por la claridad de sus exposiciones y sus vastos conocimientos. Desde comienzos de 1864 hasta 1867 participó en todos los asuntos importantes tratados por la legislatura bonaerense, y en 1867 volvió nuevamente a la Cámara de Diputados de la Nación; su intervención en el Congreso es casi constante. En 1869 fue designado presidente de la Cámara, pero, en varias oportunidades, dejó la presidencia para intervenir en debates.

En 1870 reemplazó a Valentín Alsina, que había fallecido, en la presidencia del Senado nacional y poco después fue enviado a la Convención constituyente de la provincia para estudiar la nueva Constitución en reemplazo de la de 1854. Aunque era senado, se distinguía por su hostilidad al gobierno de Sarmiento. Sin embargo, éste reconocía sus méritos y su vasto saber y en septiembre de 1871 fue enviado en misión al Paraguay para intervenir en el tratado de paz definitivo.

En 1874 durante la campaña para la renovación presidencial su candidatura fue promovida junto con las de Avellaneda, Mitre y Alsina. Contaba con 38 años, llevaba 15 en la brega política y ocupaba un puesto de relieve en el escenario de la vida pública. Su candidatura no prosperó. Hasta 1876 se mantuvo en el Senado y en ese tiempo intervino en debates muy importantes. En 1877 viajó a Europa. Regresó al año siguiente y ocupó una banca en la Cámara de Diputados.

Para afrontar los hechos que se preveían, en la crisis del 80 la Cámara eligió a Quintana presidente.

El presidente Luis Sáenz Peña lo designó en 1888 para representar a la Argentina en el Congreso sudamericano de derecho internacional privado, que se reunió en Montevideo en agosto de ese año. En octubre de 1889 se reunió en Washington la Conferencia Internacional Panamericana y también fue designado para representar al país.

Cuando en 1892 asumió el gobierno Sáenz Peña, Quintana desempeñó las funciones de ministro del Interior, pero renunció a los dos meses. Intervino la provincia de Buenos Aires, donde los revolucionarios acaudillados por Hipólito Yrigoyen, con la tolerancia de Aristóbulo del Valle, ministro del Interior en esos momentos, se había apoderado del gobierno. En pocas semanas se volvió a la normalidad.

La candidatura presidencial

Al aproximarse la terminación del período de la segunda presidencia de Roca, Quintana no pertenecía a ningún partido político. Los núcleos que dieron vida al Partido Republicano se esforzaban por contrarrestar la gravitación del oficialismo. Los socialistas se mantenían en su táctica de concurrir a las elecciones en su empeño de educar al pueblo para el ejercicio de sus derechos. La Unión Cívica Radical se abstenía de votar. Surgieron entonces nuevos candidatos: Pellegrini, Avellaneda y Quintana. La candidatura de Marco Avellaneda era sostenida por personalidades porteñas de prestigio; también se propuso la candidatura de Felipe Yofré, por amigos de Roca. Quintana tenía el apoyo del gobernador Ugarte, y el Partido Republicano apoyó un tiempo la candidatura de José Evaristo Uriburu. La reunión de notables, a la que asistieron miembros de todos los partidos, ex presidentes, ministros, etc., apoyó la candidatura de Quintana para la presidencia y de José Figueroa Alcorta, para la vicepresidencia.

Las elecciones se realizaron el 10 de abril de 1904, el 12 de junio se reunieron los colegios electorales en las capitales de provincia y el doctor Quintana obtuvo la mayoría de votos.

El 12 de octubre de 1904 prestó el juramento de práctica ante el Congreso reunido; tenía 70 años. El gabinete que formó desempeñó sus funciones 17 meses, el tiempo que duró el gobierno. Para Interior fue designado Rafael Castillo; para Hacienda, José Antonio Terry; para Relaciones Exteriores y Culto, Carlos Rodríguez Larreta; para Justicia e Instrucción Pública, Joaquín V. González; para Agricultura, Damián M. Torino; para Obras Públicas, Adolfo F. Horma; para Guerra, Enrique Godoy; para Marina, J. A. Martín.

El gobierno de Quintana

A los doce días de haber asumido el poder Quintana, se dictó un acuerdo en el que se proponía entre otras cosas, rendir mensualmente cuenta de los gastos al presidente, detallados por ministerio, así como también todo crédito suplementario o extraordinario a solicitarse al Congreso. El acuerdo se cumplió, como también la disposición que tendía a garantizar la fiel inversión de los millones que anualmente se votaba en forma de subvenciones a favor de los gobiernos de las provincias, municipalidades, corporaciones y con pretexto de edificación u otras obras públicas y de beneficencia. Se exigió también el informa previo de un funcionario nacional sobre la naturaleza, existencia, objeto, utilidad y funcionamiento de la corporación o entidad subvencionada, etc. El gobierno obtuvo un superávit superior a lo previsto.

Revolución de 1905

El 29 de febrero de 1904, en un manifiesto, la Unión Cívica Radical declaraba la abstención de todos los radicales de la República en las elecciones de diputados de la Nación, de senador por la capital, electores de presidente y vicepresidente de la Nación. Protestaba contra “el régimen imperante, subversivo del sistema institucional, atentatorio de la dignidad cívica” y reiteraba “su propósito inquebrantable de perseverar en la lucha hasta modificar radicalmente la situación anormal, por los medios que su patriotismo le inspire”.

Joaquín V. González, en 1910, hacía estas reflexiones, refiriéndose a la revolución de 1905: “Cerradas las puertas a la expresión del voto popular, y la necesidad de vida y acción de los partidos en sus capas sociales más elevadas, contra el monopolio oficial del sufragio, no cabía más que la actitud conjunta de la violencia o la fuerza para destruirlo y reemplazar sus administradores por otros”.

El 4 de febrero de 1905, en la Capital Federal, Campo de Mayo, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, se produjo el alzamiento armado que se venía preparando, casi con las mismas banderas que en 1890 y 1893.

La Unión Cívica Radical dio a conocer un manifiesto, redactado por Hipólito Yrigoyen, que explicaba el sentido de la lucha que se iniciaba, y que debió postergarse desde el 4 de septiembre de 1904. Se proclamó el estado de sitio en todo el país, por noventa días.

En la Capital Federal, las medidas represivas sofocaron en sus comienzos al movimiento. Las tropas leales y la policía recuperaron pronto las comisarías tomadas por sorpresa y los cantones revolucionarios, ocupando el arsenal, centro de los insurgentes.

El mayor José Félix Uriburu era jefe de la escolta presidencial y contribuyó a la frustración del movimiento radical; su jefe, Hipólito Yrigoyen, desapareció y comenzó a reorganizar los cuadros civiles partidarios; no se presentó ante los jueces hasta el 19 de mayo para asumir su responsabilidad.

Después de los sucesos del mes de febrero, Quintana se dirigió al Congreso y dijo al respecto: “Al recibirme del gobierno conocía la conspiración que se tramaba en el ejército y por eso dirigí aquella incitación para se mantuviera extraño a las agitaciones de la política invocando al mismo tiempo el ejemplo de sus antepasados y la gloria de sus armas. Una parte de la oficialidad subalterno no quiso escucharme y ha preferido lanzarse a una aventura que no excusa la inexperiencia ante los deberes inflexibles del soldado”.

Las tropas sublevadas en Bahía Blanca y otros lugares ni tuvieron perspectiva, ni hallaron eco en el pueblo. Quintana empleó la misma táctica usada en 1893 para sofocar el movimiento radical; el estado de sitio se convirtió en ley marcial.

La represión se llevó a cabo contra los revolucionarios y simultáneamente contra el movimiento obrero y socialista y sus organizaciones, su prensa, etc., aunque ellos no había tenido ninguna vinculación con el movimiento del 4 de febrero. Por el contrario, el Partido Socialista acordó invitar a la clase obrera a mantenerse alejada de estas rencillas, que eran promovidas por la sed desmedida de mando y mezquinas ambiciones.

Fueron detenidos centenares de obreros agremiados, la prensa socialista y anarquista fue prohibida, los locales sindicales clausurados. El Partido Socialista y las organizaciones obreras, la Unión General de Trabajadores y la Federación Obrera Regional Argentina, pidieron permiso para realizar una manifestación de protesta. El 21 de mayo de 1905 una manifestación compuesta por millares de trabajadores se reunieron en la plaza Constitución y desfilaron desde allí hasta la plaza Lavalle, donde la concentración fue atacada a tiros y sablazos, dejando como saldo dos muertos, veinte heridos y numerosos contusos en la plaza.

El jefe de policía era, en aquella época, el coronel Rosendo Fraga.

El 11 de agosto de 1905 se produjo un atentado contra Quintana, mientras se dirigía en su carruaje a la Casa de Gobierno, al pasar por la plaza San Martín. Frente a la calle Santa Fe, un hombre esperaba el paso del presidente apostado en la escalinata y al verlo desenfundó un revólver y apuntó a Quintana, martillando en vano varias veces sin lograr hacer fuego. El coche del presidente siguió su marcha, y los agentes de custodia detuvieron al agresor, que resultó ser un obrero catalán llamado Salvador Planas y Virella, simpatizante anarquista, que actuó por iniciativa propia. Virella fue llevado al Departamento de Policía y posteriormente interrogado.

Prosperidad y progreso

Por impulso de la industria creciente, el país se hallaba en una etapa de ascenso, contribuyendo a ello también la ganadería y la agricultura, que tenían buena colocación en los mercados europeos y por las fuerzas culturales  en acción, fruto de la siembra de muchos años. Todo ello hizo posible un elevado desarrollo y progreso.

Se dio fuerte impulso a la construcción de nuevas líneas telegráficas; se estabilizó el régimen monetario; disminuyeron las tasas que gravaban el consumo; fueron regularizadas las cuentas de la administración y se hicieron importantes reformas de la enseñanza y en la administración de la justicia.

El intercambio comercial mostró, en 1905, una superación de las cifras de exportaciones del año anterior y hasta 1915 no volvió a ser superado ni alcanzado el nivel del intercambio y el saldo favorable de ese año. Disminuyó la deuda interna; el capital de las empresas ferroviarias aumentó y eso favoreció otra nueva extensión importante en las redes de comunicación.

Durante mucho tiempo hubo estado de sitio a raíz de movimientos de huelga en Buenos Aires, Rosario y otros lugares del interior. La primera ley obrera, relacionada con el descanso dominical, fue presentada por el diputado socialista Alfredo L. Palacios el 31 de agosto de 1905; prohibía el trabajo en día domingo en fábricas, talleres y todo tipo de casas de comercio.

Por iniciativa de Rafael Hernández y Joaquín V. González la universidad de La Plata fue nacionalizada el 19 de septiembre de 1905.

Se estableció así la nueva carta orgánica de la nueva entidad universitaria y los departamentos que la constituirían: Museo, Observatorio Astronómico, Facultad de Ciencia Jurídicas y Sociales y de Agronomía y Veterinaria, etc. Se reglamentó el ejercicio de profesiones liberales; se ordenó la construcción del Hotel de Inmigrantes; se dispuso la construcción del Palacio de Correos y Telégrafos; se reglamentó el ejercicio de la farmacia; hubo importantes reformas en el ejército, el cuerpo diplomático y la armada; fue aprobada la llamada ley Laínez, sobre creación por la Nación de escuelas elementales en provincias, lo que permitió un gran desarrollo en años sucesivos.

Durante ese período, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Marcelino Ugarte, que había sido ministro de Hacienda del gobierno de Bernardo de Irigoyen, en carácter de tal fue el organizador y promotor del nuevo Banco de la Provincia, que cerró sus puertas durante la crisis de 1890. Volvió a sus propósitos en 1903, siendo gobernador de la provincia, con mayoría en ambas Cámaras, para la reapertura. El 1º de junio de 1906 el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con la incorporación del Banco de Comercio Hispanoamericano, reabrió sus puertas. Su desarrollo fue notable y se convirtió en pocos años en una institución financiera poderosa que se vinculó estrechamente al desarrollo de la industria, el comercio, la agricultura y la ganadería de la provincia.

Con vistas a la renovación parlamentaria se constituyó en noviembre de 1905 en la Capital Federal un nuevo partido, el de la Unión Electoral, integrados por núcleos que respondían al gobernador de Buenos Aires. Frente a la Unión Electoral se reunieron los republicanos, los autonomistas y la fracción que respondía al doctor Benito Villanueva y pactaron una política de coalición, proclamando una lista de candidatos a diputados nacionales en la que figuraban Carlos Pellegrini, Emilio Mitre, Luis María Drago, Roque Sáenz Peña, etc. En los comicios del 11 de marzo de 1906 triunfó esa lista contra la de la Unión Electoral, y en esos mismos comicios el Partido Socialista apareció con un respetable caudal electoral. El doctor Quintana falleció al día siguiente de las elecciones, y la nueva agrupación pol{itica quedo sin su máxima bandera, Carlos Pellegrini, que murió ese mismo año.

La muerte de Manuel Quintana el 12 de marzo de 1906 fue el primer caso de la historia argentina, hasta entonces, de un primer mandatario que fallecía en ejercicio del poder. A fines de 1905 había tenido que delegar el mando en el vicepresidente a causa de una enfermedad. Las elecciones para la renovación legislativa del día anterior dieron un triunfo ruidoso a la oposición, resultando electos Carlos Pellegrini, Sáenz Peña y Emilio Mitre.

El vicepresidente José Figueroa Alcorta se hizo cargo del Poder Ejecutivo; las exequias fueron imponentes. En el acto de juramento, el doctor Alcorta dijo: “El presidente Quintana no ha pasado estérilmente por la dirección suprema del Estado: la intensidad de su pensamiento y la firmeza de su actuación han compensado la brevedad del término en que ejerció su mandato”.

El año 1906 fue un año de pérdidas sensibles para le país. Bartolomé Mitre y Carlos Pellegrini, los dos ex presidentes de la Nación, y Bernardo de Irigoyen, otro puntal y testimonio de medio siglo de vida política y de desarrollo del país, fallecieron también ese año.

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