La asunción del poder por el general Uriburu, en setiembre de 1930, como Presidente del Gobierno Provisional, además de señalar el comienzo de un período de diecisiete meses de gobierno de facto, constituye uno de los hitos de la decadencia argentina, al menos en lo que respecta a la violación de la Constitución Nacional, el sistema republicano, y la democracia. Es que a partir de esta experiencia, surge uno de los conflictos medulares argentinos, que signarían décadas de inestabilidad, soberbia, prepotencia militar, y autoritarismo.

El gobierno de Uriburu no fue una junta militar en el habitual sentido latinoamericano de un cuerpo ejecutivo, en el cual las Fuerzas Armadas están representadas directamente en proporción con su fuerza o su aporte a la acción revolucionaria que les permite la conquista del poder. En su condición de oficial retirado, Uriburu no tenía mando militar en 1930. El éxito que alcanzó en la organización del movimiento revolucionario fue consecuencia, no tanto de su posición en la jerarquía militar, como de su prestigio personal tanto en los oficiales en servicio activo como entre los retirados.

El gobierno, que en lo que respecta a las designaciones de gabinete fue fundamentalmente civil, puede ser considerado como la consecuencia de un proceso de convergencia cívico-militar. Por otra parte, y al igual que los ministros de Guerra y Marina, dicho elenco ministerial se conformó también con hombres que habían ocupado cargos públicos antes de la época de Yrigoyen, o provenientes de las esferas comerciales y profesionales.

Ese mismo predominio civil también puede advertirse en el caso de los hombres designados para los cargos de interventores provinciales. Se actuó rápidamente para derrocar a las autoridades existentes allí donde los radicales yrigoyenistas ejercían el control. Sólo las provincias de Entre Ríos y San Luis quedaron en manos de sus gobernadores electos; pero en las otras doce se designaron interventores que actuaban bajo las instrucciones del ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo. En nueve provincias fueron designados civiles. Las otras tres -Salta, Jujuy y La Rioja- fueron puestas bajo la dirección de dos generales retirados y un almirante retirado.

La presencia militar en el gobierno se manifestó esencialmente en la Casa Rosada, en el propio general Uriburu y en el pequeño grupo de oficiales que eran sus ayudantes y asesores inmediatos. El más relevante de ellos fue el teniente coronel Juan Bautista Molina, hombre que después adquirió notoriedad propia como nacionalista extremista, pero que entonces actuaba como jefe de la secretaría de la Presidencia. Entro otros miembros del grupo se contaban el teniente coronel Emilio Faccione, designado secretario militar, y Álvaro Alsogaray, que ocupó el cargo de jefe de la Casa Militar.

Uriburu siguió un curso doble, tanto en la elección de funcionarios gubernamentales, como en sus procedimientos administrativos: combinó la arbitrariedad total en algunos asuntos con una escrupulosa fachada de respeto por la ley en otros (en su manifiesto del 6 de septiembre el gobierno provisional había proclamado "su respeto por la Constitución y las leyes fundamentales vigentes"). Ello, no obstante, constituía una auténtica falacia si se considera la ilegitimidad de origen consecuente con la flagrante violación constitucional.

En un mismo sentido, Uriburu actuó bajo el imperio del estado de sitio y la ley marcial. A Yrigoyen, como presidente depuesto, no sólo se le denegó concederle el exilio, sino que fue detenido inicialmente a bordo de una serie de navíos de la Armada, para luego confinarlo en la base naval ubicada en la isla Martín García. Se inauguraría este estilo de detención, que más tarde sería utilizado con otros mandatarios. 

La ley marcial fue proclamada durante la noche del 8 de septiembre, luego de un abortado intento de restauración democrática por parte de los partidarios de Yrigoyen. La persistencia de la ley marcial durante un período de nueve meses contribuyó a crear a la imagen de un régimen brutal e implacable, sumado a la deportación de numerosos sindicalistas extranjeros acusados de agitación social, y el empleo de la tortura física contra civiles y militares, sospechados de conspirar contra el régimen de facto.

Los procedimientos dictatoriales no sólo se circunscribieron en el plano de las libertades civiles. Su decisión de eliminar de los cargos públicos a los hombres que se habían mostrado  activos en la Unión Cívica Radical lo indujo a invadir la esfera judicial y a ordenar la suspensión de jueces que, de acuerdo con las leyes, sólo podían ser removidos mediante juicios políticos.

Además del apoyo limitado brindado por las Fuerzas Armadas, el régimen de Uriburu contaba con la adhesión de la Legión Cívica Argentina, organización paramilitar fascista, y ciertas organizaciones políticas provinciales, como el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires. No obstante; en un primer momento, cosechó el apoyo de sectores políticos y sociales mucho más amplios, como los socialistas independientes de la Capital Federal, los demócratas (conservadores) de Córdoba, demócratas progresistas y radicales antipersonalistas. Incluso un importante sector del dividido movimiento obrero hizo pública una declaración de apoyo.

No sólo el progresivo endurecimiento del régimen provocaría un efecto centrífugo en términos de adhesión política. Uriburu promovió públicamente una serie de reformas constitucionales dirigidas a modificar el sistema electoral y representativo sobre la base de un esquema corporativo tomado de la experiencia de Mussolini en Italia, que precipitaría la división política de su coalición originaria.

Aunque el apoyo militar al gobierno de Uriburu resultó suficiente como para que éste pudiese mantenerse en el poder durante un año y medio, no era de carácter incondicional. Por el contrario, tuvo que lidiar no sólo con los oficiales que aún resultaban leales a Yrigoyen, sino con la influencia y las ambiciones del general Agustín Justo, cuya táctica consistió en evitar el desempeño de cualquier cargo importante. Antes del 6 de septiembre, Justo había rechazado el puesto de vicepresidente, y aunque posteriormente aceptó el cargo de comandante en jefe del Ejército, renunció al mismo pocas semanas después.

El objeto central de Uriburu estaba íntimamente asociado con la articulación de un esquema político en el cual fuese posible impedir toda repetición semejante al gobierno de Yrigoyen. Para ello procuró implementar una ingeniería electoral que, sumada a la proscripción y persecución al radicalismo, permitiese la realización de un cronograma electoral escalonado, que comenzaría en las provincias en que las fuerzas políticas antirradicales ofreciesen las mejores perspectivas de victoria. Una vez completado dicho ciclo provincial, se daría paso a las elecciones nacionales de diputados y senadores. Con la garantía de una mayoría plena, podría así ser aprobada la necesidad de la reforma constitucional.

Dicho plan político, inspirado en la iniciativa del ministro del Interior Sánchez Sorondo, descansaba sobre dos supuestos básicos, a saber: que la masa aprobaría cambios institucionales destinados a limitar su participación futura en el proceso político, y que los partidos antiyrigoyenistas en las diferentes provincias respaldarían el proyecto de representación corporativa. Y en dichos supuestos radicó el comienzo del fin de Uriburu.

Se puso a prueba por primera vez el plan en la provincia de Buenos Aires. Allí, el Partido Conservador, a diferencia de los partidos no radicales de otras provincias, aceptó apoyar los objetivos reformistas del gobierno, como parte de un entendimiento en el sentido de que el propio Partido Conservador sería el núcleo de un nuevo movimiento político de carácter nacional. Seguros de que contaban con un abrumador apoyo electoral, los líderes conservadores reclamaron que se llamase cuanto antes a elecciones en territorio bonaerense, alentando la participación de las fuerzas radicales; presuntamente debilitadas, como para que no quedara la más mínima duda de la legitimidad de los resultados.

La elección, que se realizó el 5 de abril de 1931, convocó a la elección de gobernador y constituir la legislatura provincial. Presentaron candidatura los conservadores, los radicales y los socialistas. Tan considerable era el optimismo del Gobierno Provisional que el general Uriburu jugó su propio prestigio en la disputa electoral. Pero los resultados no sólo serían diferentes a los esperados, sino que además herirían de muerte al régimen. La mayoría radical en la pugna electoral demostraría la falsedad de los supuestos en los que se cimentó el plan político.

Luego de la fallida experiencia electoral, Uriburu se vio en la alternativa de ceder el cargo al presidente de la Corte Suprema, o bien, hacer concesiones al grupo Justo en el sector militar. Optó por esta última alternativa, con la esperanza de que en el desarrollo del proceso podría salvar parte de su programa inicial. Por supuesto que el precio inmediato del mantenimiento de la fuerza militar fue la renuncia del ministro del interior, que por otra parte, ya era reclamada desde hacía cierto tiempo con bastante intensidad desde los círculos del Ejército y la Armada. Pero al alejamiento de Sánchez Sorondo, se agregaría la renuncia de todo el gabinete, con la intención de abrir camino a una reestructuración del gobierno, a pesar de que también resultaría otro fracaso político. Ni Lisandro de la Torre, líder demócrata progresista y antiguo amigo de Uriburu, ni el general Justo estaban dispuestos a incorporarse al gabinete. El vacío de poder se hacía cada vez más evidente.

El régimen continuaría un tiempo más aunque inhibido de llevar a cabo el conjunto de alternativas políticas que Uriburu se había trazado. Tal vez el principal sostén se constituía a partir de la citada Legión Cívica, que en mayo de 1931 contaba con unos diez mil miembros en sus filas, aunque ello obviamente no resultaría suficiente, salvo para la persecución furibunda a los radicales, con la clausura de sus locales y publicaciones, y el exilio obligado de sus principales figuras políticas, incluido el ex presidente Marcelo Torcuato de Alvear luego de su sistemática negativa a allanarse al repudio de los personalistas.

Se convocarían a elecciones presidenciales en noviembre de 1931. Con el radicalismo virtualmente proscripto, y obligado a retornar al recurso de la abstención revolucionaria, el beneficiario sería quien de un modo astuto se había preparado sigilosamente para hacerse cargo de los destinos del país y con una fachada de legitimidad constitucional: el general Agustín P. Justo.