El general Pedro P. Ramírez, ministro de Guerra de Castillo y del gabinete de Rawson, asumió la presidencia el 7 de junio de 1943. Formó un gabinete íntegramente constituido por militares, salvo en lo que respecta a la cartera de Hacienda, que ocupó Jorge Santamarina, proveniente de la dirigencia rural y dirigente de la Sociedad Rural, y un abanderado de los aliados. La encrucijada política persistía. Casi todos los demás ministros eran militares totalmente desconocidos, por lo que resultaba difícil clasificarlos políticamente, aunque algunos de ellos hubieran figurado en el proyecto de gabinete de Rawson.

El presidente y sus ministros se comprometían a empeñar todas sus energías "para el restablecimiento del pleno imperio de la Constitución, el afianzamiento de las instituciones republicanas y la restauración de la honradez administrativa". No parecía haberse producido ningún cambio con relación al manifiesto revolucionario de Rawson y a su presumible orientación. Pero la ambigüedad persistía e incluso aumentaba en lo que se refería a la política exterior.

"La República Argentina, declaro el presidente provisional, ratifica su tradicional política de amistad y leal cooperación con las naciones de América, conforme con los tratados existentes. Con respecto al resto del mundo, su política es, en el presente, de neutralidad". Las palabras estaban medidas, pero la afirmación del "principio de la absoluta autonomía de los Estados", y el rechazo a toda "injerencia extraña" que se encuentran más adelante en el texto, combinadas incluso con consideraciones sobre "la forma republicana y representativa" de gobierno, no permitían conocer los proyectos del gobierno militar en materia internacional.

A consecuencia del golpe de estado y con la llegada al poder del general Ramírez, un hombre entraba modestamente en la vida política argentina. En un recuadro de la página 8 de La Prensa del 8 de junio de 1943 puede leerse: "El coronel Juan Perón, del arma de infantería, fue designado ayer jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra". El coronel no permanecería mucho tiempo en ese puesto, equivalente a una Subsecretaría de Estado ni en la página 8 de los diarios.

Mientras tanto, el ejército controlaba realmente el poder. Por un decreto del 18 de junio fue eliminado el término de provisional que se utilizaba en el título oficial del gobierno. Así, pues, los militares no pensaban devolver tan pronto el poder a los civiles. Además, cuando el presidente evocaba las elecciones, lo hacía a largo plazo y después de haber "saneado y renovado" al país, especialmente en el campo ideológico. Porque, según el general Ramírez, la tarea del gobierno militar consistía en "renovar el espíritu nacional y la conciencia patria -que ha sido ahogada-, infundiéndole una nueva vida" y "dar contenido ideológico argentino al país entero".

Ante el exacerbado temor al avance comunista, las primeras medidas del gobierno militar estuvieron destinadas a reprimir a los partidos obreros y los sindicatos. Para los conductores políticos del Ejército Argentino, el golpe del 4 de junio tenía como objetivo esencial la instalación de un estado fuerte, capaz de resistir al comunismo. El general Farrell, ministro de Guerra, diría en junio de 1944 que la creación de la Policía Federal, establecida bajo Ramírez para coordinar y reforzar la acción de los cuerpos policiales municipales o provinciales, era una de las mayores realizaciones de la revolución. Estaba destinada a "prevenir desde ya los peligros de la próxima época de post-guerra". Desde el mismo 4 de junio de 1943 se produjo una ola de arrestos de dirigentes y conocidos militantes del Partido Comunista. En su mayoría, fueron encarcelados o deportados a penitenciarías de la Patagonia, otros pasaron a la clandestinidad o se refugiaron en el Uruguay.

Pero la persecución no terminaba allí. El 5 de junio fue disuelto el Parlamento, y entro el 9 y el 18 del mismo mes fueron destituidas y reemplazadas por delegados del gobierno todas las autoridades provinciales electas. Las elecciones se postergaban por tiempo indeterminado. 

Pasadas las sorpresa y la incertidumbre de los primeros días, la orientación del gobierno de Ramírez comenzó a suscitar una innegable simpatía en el ámbito económico y en las capas dirigentes. La puesta en vereda de las organizaciones de los trabajadores fue vivamente aprobada. El nombramiento de Jorge Santamarina en el Ministerio de Hacienda devolvió la confianza a los capitalistas y la anunciada política de austeridad y de equilibrio presupuestario colmó sus deseos. La oligarquía no vaciló en manifestar públicamente su satisfacción y su simpatía por las nuevas autoridades, tal como lo había hecho trece años antes con Uriburu.

El 10 de agosto de 1943 quedó constituida la primera sociedad mixta industrial. Como está prevista en la ley de creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares, el principal objetivo de las sociedades mixtas era el aprovechamiento de la riqueza mineral del país. Esa primera sociedad, Industrias Químicas Nacionales, fue creada para explotar el azufre en la provincia de Salta. Se nombró a un coronel como representante del Estado para presidir el directorio. A fines de agosto, Santamarina anunció la constitución del Fondo de Crédito Industrial, destinado a facilitar el equipamiento de la industria nacional mediante financiamiento a largo plazo. Hasta ese momento los bancos operaban con un sistema crediticio de corto plazo orientado hacia las actividades agropecuarias que no atendían las necesidades de préstamos para inversión, demasiado arriesgados para ellos, del sector industrial. La creación de un organismo financiero estatal especializado señala, pues, una fecha importante.

Pero al tiempo de este esquema económico el carácter militarista del régimen, se constituyó en uno de sus rasgos distintivos. El Estado-guarnición pretendía regentearlo todo, desde el largo del cabello hasta la menor actividad. El contenido de los diarios, la actuación de los sindicatos, el vocabulario de los locutores de radio, su vigilancia paternal no pasaba nada por alto. La participación de los gastos de defensa en el presupuesto nacional pasó de 22,8% en 1942, al 27% en 1943, para alcanzar el 34,4% en 1944.

La política social del gobierno militar se caracterizó en un primer momento por su rigor. Se trataba del rigor de un paternalismo autoritario que exigía obediencia y disciplina social a los trabajadores para poder recibir a cambio algunos beneficios sociales. La represión y la justicia iban de la mano. A fines de 1943 comenzó a adoptarse un conjunto de medidas de tipo social como la baja imperativa de los alquileres hasta un 20% y el aumento de los salario s más bajos de la administración pública ya que "una de las preocupaciones fundamentales del gobierno consiste en establecer sobre bases de justicia y equidad las relaciones de pacífica convivencia entre los diversos sectores que integran la comunidad nacional". Esa política se vio coronada el 27 de noviembre de 1943, cuando el Departamento Nacional del Trabajo, una dependencia oscura e ineficaz del Ministerio del Interior, se convirtió en Secretaría de Trabajo y Previsión bajo la titularidad del coronel Juan Domingo Perón. De  acuerdo a la expresión del general Ramírez no era otra cosa que "un juguete sin interés del que se aburrirá"...

El coronel Perón se hizo designar en el Departamento del Trabajo con un objetivo muy definido. Era más consciente que cualquier otro militar del carácter explosivo de la situación social argentina. Los grandes cambios ocurridos en el mundo del trabajo, la probabilidad de una crisis económica y la existencia de fuertes sindicatos reivindicativos vinculados con los partidos de izquierda le parecían portadores de una amenaza revolucionaria que los hombres del GOU se habían comprometido a conjurar. Justicia social, control de la clase obrera, y despolitización de las organizaciones sindicales constituyeron los tres ejes de su proyecto de acción política. Perón tampoco ignoraba que el régimen nacionalista y militar no podría mantenerse mucho tiempo apoyándose sólo en la fuerza. La contrarrevolución no podía prescindir del apoyo de las masas: la experiencia mussoliniana se encargaba de recordarle al antiguo cursillista del ejército italiano. Pero en la Argentina, por una paradoja de la historia, la única clase políticamente disponible era el proletariado urbano y rural, o mejor dicho, la parte de las capas de trabajadores no integrada y no encuadrada.

Perón entró en contacto con los sindicatos por primera vez en julio de 1943, cuando se encontró con Juan A. Bramuglia, abogado de la Unión Ferroviaria, el poderoso sindicato del riel, gracias al teniente coronel Mercante, que era hijo de un ferroviario. Cuando se declaró la caducidad de las autoridades del sindicato y se designó a un militar para administrarlo, sus dirigentes apelaron ente el gobierno a través del conciliador coronel Perón. El resultado no se hizo esperar: el teniente coronel Mercante reemplazó al capitán de fragata que era el interventor y devolvió sus cargos a los sindicalistas destituidos tomando la defensa del sindicato contra su predecesor. También formarían parte de sus encuentros dirigentes socialistas de la CGT disuelta, como Borlenghi y Argaña.

En su primer mensaje, difundido por radio, Perón retomó varios temas predilectos de la clase militar referidos a los problemas sociales: orden, organización, intervención directa del Estado en las relaciones entre obreros y patrones, armonía social gracias a la colaboración entre ambas partes, planteando "con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la era de la política social argentina. Atrás quedará para siempre la época de la inestabilidad y desorden en que estaban sumidas las relaciones entre patronos y trabajadores".

Pero las iniciativas cada vez más ambiciosas del coronel comenzaban a preocupar al dubitativo general Ramírez. Por su parte, Enrique P. González, Secretario de la Presidencia, y Emilio Ramírez, jefe de policía, eran dos nacionalistas doctrinarios y rígidos que no apreciaban mucho la política laboral de ese camarada que se había convertido en un rival. Pero era tarde. Perón ya controlaba la situación.

Para colmo de males, en el seno del gobierno aumentaba el malestar, llegándose de nuevo a un enfrentamiento a raíz de un cambio en la política exterior. La política internacional de la Argentina ya era insostenible y en el continente no podía ya mantenerse la neutralidad. Teniendo en cuenta los reveses que sufrían las potencias del Eje en los campos de batalla, el aislamiento argentino comprometía gravemente la situación del país en la posguerra. Se imponía un cambio de rumbo o la menos una flexibilización de la neutralidad militante y agresivamente antiyanqui.

Luego de un fuerte altercado con el Departamento de Estado norteamericano, a raíz de la situación política boliviana -conmovida por un golpe militar encabezado por militares sospechados de complicidad con el Eje- y en medio de una áspera discusión entre funcionarios castrenses y militares en actividad el general Ramírez firmó un decreto en el que se planteaba: "Vistas las comprobaciones efectuadas por la Policía Federal sobre la existencia de una vasta red de espionaje en perjuicio de países estrechamente vinculados con la República... Que esta actividad delictuosa es directamente imputable a los gobierno del eje... A partir de la fecha quedan rotas las relaciones diplomáticas actualmente existentes con los gobiernos de Alemania y Japón". 

Los sectores nacionalistas vieron esta maniobra como una auténtica traición. Martínez Zuviría, máximo representante del nacionalcatolicismo presentó su renuncia el 14 de febrero, y fue reemplazado por un proaliado, Honorio Silgueira, vicepresidente del Instituto Cultural Argentino-Brasileño y del Instituto Mitre.

Ante el brusco viraje, Perón y Farrel no tuvieron ningún tipo de consideración hacia el presidente. Por el contrario procedieron a atacarlo duramente, haciéndolo responsable de la ruptura y de dar el primer paso hacia la declaración de guerra y la movilización. Ramírez comprendió la maniobra y hasta intentó dar vuelta la situación por la fuerza, pero fue rápidamente neutralizado. El 23 de febrero, la disolución del GOU, que dejaba sin efecto el juramento de fidelidad preparó la caída del presidente. Ramírez, cada vez más aislado, creía todavía que sus adversarios se echarían atrás o se debilitarían. El 24, pidió a Farrell su renuncia. Perón no aflojó. Por el contrario, reunió a los coroneles y a los delegados de las guarniciones de Campo de mayo, Buenos Aires y El Palomar en la Secretaría de Trabajo. El parlamento militar expresó su desconfianza al presidente. Después de una serie de discusiones agitadas y de idas y vueltas ministeriales, Ramírez presentó su renuncia, "impuesta por las circunstancias", según reza en el texto.

¿QUÉ FUE EL GOU?

El GOU fue, en primer lugar, un grupo de enlace bastante informal entre jóvenes oficiales superiores partidarios de restablecer la moral y disciplina dentro del ejército y de recuperar al país de una corrupción que, según sus miembros, lo llevaba derecho al comunismo.

En ese club se destacaba el coronel Juan Domingo Perón, que impresionaba a sus camaradas "por su claridad de expresión y de concepción y por sus conocimientos políticos e históricos" de viajero observador y de profesor de la Escuela Superior de Guerra. Los fundadores que formaron el núcleo inicial (diecisiete oficiales) eran amigos que habían decidido encontrarse regularmente, ya en lo del coronel Saavedra, ya en el departamento del coronel Mittelbach, porque compartían las mismas inquietudes, concluyendo que era necesario organizar y unificar a los oficiales de todas las guarniciones. Se establecieron contactos en las capitales provinciales. Por eso, cuando estalló la revolución "algunos jefes de la Guarnición de Salta, tan pronto tuvieron noticias ciertas del éxito del movimiento, habían promovido reuniones en los cuarteles... declarándose agentes de la logia denominada 'G.O.U.', que se atribuía la paternidad de la revolución". En efecto, cuando se produjo el golpe de estado, el GOU se encontraba en plena "campaña de reclutamiento".

Perón y Enrique P. González eran indudablemente admiradores de las experiencias autoritarias de la Europa mediterránea, pero ese entusiasmo no era compartido por todos los miembros del círculo interno de la logia, para no hablar de los "corresponsales" o "simpatizantes" de las guarniciones. Se sabía que los hermanos Juan Carlos y Miguel Montes, en cuya casa se habrían realizado las primeras reuniones políticas de los futuros fundadores del grupo, eran radicales. No obstante, el predominio de los ideólogos de extrema derecha antiliberales e integristas le daban un matiz doctrinario a un grupo que no estaba claramente definido y que se encontraba a medio camino entre una asociación profesional y una conspiración golpista en plena maduración.

Los coroneles del GOU de 1943 resultan ser muy a menudo los capitanes o mayores uriburistas de 1930. Los papeles secundarios de septiembre se han convertido en protagónicos de junio. Emilio Ramírez, Juan Perón, Urbano de la Vega, fundadores del GOU, formaban parte del estado mayor revolucionario antiyrigoyenista. Sin haber tenido responsabilidades del mismo nivel, muchos otros golpistas del 43 habían seguido el "paseo militar" del teniente general Uriburu. El programa del GOU se convirtió en el programa de la revolución. Sus miembros exageraron por todos los medios la participación de la logia en una revolución cuya plena paternidad reivindicaron sin escrúpulos. Perón se atribuía la redacción de la proclama revolucionaria y el modesto título de jefe de estado mayor de la revolución. En realidad, el GOU, tal como lo vemos hoy en día y tal como lo recuerda la historia argentina, recién surgió después de la revolución de junio, como una especie de prolongación del ministerio de Guerra del que Perón era secretario. Allí era donde se imprimían las circulares del GOU con los mimeógrafos oficiales. Allí era donde el general Farrell, ministro de Guerra, convocaba a los jefes y oficiales para que se encontraran con el mismo Perón, quien, en los meses posteriores al golpe de estado, los acuciaba a adherirse al GOU. Para ser aceptados debían firmar una garantía de fidelidad al gobierno militar y a la persona de su jefe, el general Pedro P. Ramírez. Eso era principalmente el GOU: el medio para que un pequeño grupo de oficiales, que ocupaba puestos clave en el Ministerio de Guerra, tomara las riendas del ejército asegurándose su cohesión política y su lealtad revolucionaria.

La exageración de la importancia del GOU, la imagen deformada de su verdadera naturaleza, parecen haber respondido a una táctica deliberada de Perón para apoderarse de la revolución.