El general Eduardo Lonardi. quien encabezara la acción militar por la cual resultara derrocado el general Juan Domingo Perón, tan sólo permanece 50 días en el gobierno. El 13 de noviembre, como consecuencia de un golpe palaciego es obligado a renunciar en forma irrevocable. El general Pedro Eugenio Aramburu, jefe del Estado Mayor del Ejército, y tal vez el principal rival de Lonardi, ocupa la presidencia y confirma al contralmirante Rojas como vicepresidente. 

Uno de los principales factores que precipitó la crisis se debió a la puja desatada en torno a qué sector ocuparía la titularidad del Ministerio de Guerra. Pese a la ausencia de una renuncia por escrito, nada impidió que el general Aramburu asumiera como segundo presidente de la denominada Revolución Libertadora. Su designación no fue una decisión apresurada por parte del Ejército y la Marina, sino que fue fruto de reuniones previas, celebradas para analizar el acontecer político y la hipótesis de un alejamiento abrupto de Lonardi, donde sus graves problemas de salud eran tan sólo un argumento juzgado como convincente para disimular las profundas discrepancias existentes.

Aramburu comenzó con una administración de autoridad compartida entre el presidente provisional, por un lado, y las Fuerzas Armadas, representadas por sus respectivos ministros y el vicepresidente, por el otro. No obstante, la presencia civil dentro del gobierno fue mayoritaria en el gabinete. También se dispuso el aporte civil para las funciones de asesoría mediante la creación de la Junta Consultiva Nacional, compuesta por veinte hombres, que había sido creada en los últimos días de la presidencia de Lonardi para dar a los partidos políticos no peronistas la sensación de participar en el gobierno, y a su vez, dotar al mismo de cierta legitimidad. De todos modos, dicho organismo se convertiría posteriormente en un ámbito para la consulta presidencial más que de decisión, con participación de los "partidos políticos democráticos".

Obviamente, tal definición no incluía al partido Peronista, que había sido declarado ilegal y cuyas pertenencias habían sido incautadas pocos días después que el general Aramburu se hiciera cargo del gobierno. Incluso se llegó al extremo de prohibir toda publicación con el nombre de Perón, o cualquier símbolo, palabra o imagen que tuviera relación con su movimiento. Los individuos que habían ocupado cargos electivos o por nombramiento en el gobierno peronista después de 1946, o que habían sido dirigente del partido Peronista, fueron declarados ineptos para aspirar a cargos electivos, ocupar puestos en el gobierno o actuar en cargos partidarios hasta una fecha que fijaría el próximo gobierno constitucional. La purga incluyó al ámbito sindical, donde la CGT sería intervenida con al capitán de navío Alberto Patrón al frente de ella. A partir de mayo de 1956 se ordenó la suspensión del estatuto sindical vigente. La despolitización del movimiento obrero era el objetivo deseado en tal reforma.

En materia económica, el gobierno provisional, de acuerdo a un equipo de Naciones Unidas encabezado por el economista argentino Raúl Prebisch, devaluaría la moneda nacional, y desnacionalizaría los depósitos bancarios, poniendo fin a los controles cuantitativos sobre el comercio, con el objeto de estimular las exportaciones (fundamentalmente agrícolas). Sin embargo, la declinación de los precios internacionales provocaría que las ganancias fueran menores a las previstas en términos de balanza comercial. Los precios internos también sufrirían aumentos por arriba de los niveles previstos. De este modo se produciría una redistribución de los ingresos, afectando fundamentalmente al sector asalariado.

El brusco cambio redundaría en malestar creciente, y oficiaría de germen de la conspiración. La figura prominente en los intentos desestabilizadores contra Aramburu sería el general Juan José Valle, con el aporte del general Iñíguez como jefe de estado mayor de la revolución. Pero sería denunciado por un delator y posteriormente arrestado durante cinco meses.

Sin embargo, pese a que tal intentona gozara de la adhesión de muchos civiles peronistas y de cuadros activos del personal uniformado, no lograría contar con la aprobación de Perón, por entonces exiliado en Panamá. Junto al general Raúl Tanco, Valle asumiría la conducción del Movimiento de Recuperación Nacional, a la espera de resultar beneficiarios directos de un plan que consistía en disponer de grupos de comandos de militares -en su mayor parte suboficiales- y de civiles, para que coparan unidades del Ejército en diversas ciudades y guarniciones. También se incluía la realización de ataques terroristas a funcionares y prominentes personalidades políticas. En tal sentido, muchos domicilios particulares fueron señalados con cruces rojas.

Tal maniobra era conocida por el presidente Aramburu. El 8 de junio la policía procedió a la detención de cientos de militantes gremiales peronistas, a fin de desalentar la participación obrera en masa en los movimientos planeados. Los rebeldes iniciaron el levantamiento entre las 23 y la medianoche del sábado 9 de junio, logrando el control del Regimiento Siete de Infantería ubicado en la ciudad de La Plata y la posesión temporaria de radioemisoras en varias ciudades del interior. También se llevaron a cabo operaciones exitosas en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa). No obstante, la acción represiva provocaría la rendición de los rebeldes al día siguiente. De dicha intentona, veintisiete personas -dieciocho militares y nueve civiles- enfrentarían los escuadrones de fusilamiento. El 12 de junio, sería el turno del general Juan José Valle. Tamaña reacción, pese a menguar todo afán desestabilizador contribuiría a nutrir un rencor que permanecería imperturbable en la resistencia peronista. La canalización de ese rencor terminaría en 1970 con la ejecución de Aramburu por el Movimiento Montoneros.

En octubre de 1956, el general Aramburu convocó a elecciones para el año próximo. En ellas se elegirían convencionales constituyentes para una reforma constitucional. Todo el período hasta dichas elecciones, estaría signado por interminables pugnas y conspiraciones militares. Las elecciones se llevaron a cabo el 28 de julio de 1957, bajo la supervisión militar. En la campaña electoral iniciada a tal fin, fue posible percibir la profunda fractura de la Unión Cívica Radical, entre la Unión Cívica Radical Intransigente liderada por Arturo Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo acaudillada por el dirigente Ricardo Balbín. El comicio arrojó una victoria del Radicalismo del Pueblo, más cercano a la política oficial, con 2.107.000 (24,2%). La UCRI -en segundo término- obtuvo 1.848.000 votos (21,2%). El sufragio en blanco sería el más significativo: 2.116.000 votos (24,3%). Los restantes se distribuyeron entre Socialistas y Demócratas Cristianos. A pesar del nivel de fragmentación electoral, los "reformistas", ligados o cercanos a la Revolución Libertadora, lograrían 120 bancas, contra 85 de los que se alineaban en contra de toda reforma (UCRI, neoperonistas y nacionalistas de derecha). 

El gobierno, pese al fracaso de la Asamblea Constituyente -consecuente con el grado de enfrentamiento entre ambos sectores- contó con una carta de triunfo frente a un escenario electoral tripartito en el que ninguna fracción política estaba en condiciones serias de condicionar la voluntad del gobierno provisional. De todos modos, Aramburu no podía posponer indefinidamente las elecciones. Las declaraciones sobre la libertad, la democracia y los grandes principios no lograban disimular el fiasco económico y el atascamiento político del gobierno. La política del laisser faire, laisser passer generaba un marasmo creciente. El balance comercial arrojaba saldos cada vez más deficitarios, al tiempo que la inflación seguía sin control y el alza de precios era su consecuencia directa. Por otra parte, el grado de confianza internacional era muy desfavorable, lo que se verificaba en la negativa de los organismos de crédito en comprometerse por más de cinco años.

Era preciso convocar a elecciones, y en tal sentido la Fuerza Aérea decidió salir al ruedo exigiendo una definición al respecto, lo que por otra parte constituía un reflejo de las desavenencias entre éstos y la Marina. Frente a denuncias periodísticas respaldadas por la publicación de correspondencia del contralmirante Arturo Rial, y en las que se confirmaban las maniobras del gobierno para obstaculizar la acción política de la UCRI de Frondizi, el clima se enrareció más aún. El arresto a Rial, lejos de resultar una sanción, pareció constituir la confirmación de una maniobra muy distante a la retórica de prescindencia del gobierno en materia electoral. La elecciones fueron convocadas para el 23 de febrero de 1958.

En este clima de tensión creciente, el pacto entre Frondizi y Perón fue cobrando forma aceleradamente. Al tiempo que varios hombres de negocios en buena posición bajo Perón, y preocupados por la política antiindustrialista de la Revolución Libertadora, prestaban su apoyo a la candidatura de Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio -desde el semanario Qué- bregaban por convencer a Perón de votar por Frondizi. Al cabo de laboriosas tratativas encomendadas a numerosos y misteriosos intermediarios, Perón y Frondizi firmaron un pacto. El ex presidente procedió a dar la orden de votar por Frondizi en una conferencia de prensa a la que se convocó en Santo Domingo, el 4 de febrero de 1958. Frondizi se comprometía, de resultar electo, a levantar las medidas de excepción tomadas contra los peronistas, restablecer la situación anterior en que se encontraban los sindicatos y, finalmente, abrir la vía electoral para el justicialismo.

El 23 de febrero, Arturo Frondizi, candidato de "veinte millones de argentinos" por "el desarrollo económico, la legalidad constitucional y la paz social" se imponía contra Ricardo Balbín, candidato de la UCRP. El triunfante cosechó una serie de adhesiones muy curiosas, a juzgar la ubicación de las mismas en el arco político. Así como logró contar con el apoyo de la Unión Federal (nacionalistas lonardistas) y la Democracia Cristiana, también contó con el apoyo del Partido Comunista, que aunque cuantitativamente no resultaría relevante, sí lo sería desde un punto de vista político en sus años de presidente. La fórmula Frondizi-Gómez obtuvo 4.100.000 votos, contra 2.550.000 de Ricardo Balbín. Obtuvo, además, todas las gobernaciones y 133 bancas de diputados, contra 52 de la Unión Cívica Radical del Pueblo.

La maniobra había dado resultados en la faz electoral, aunque en lo político todo sería cuestión de tiempo. Los militares, indignados por lo que juzgaban una oprobiosa componenda que desnaturalizaba el intento de "desperonizar" a la sociedad argentina, sólo darían un paso al costado desde lo formal. No demorarían en articular un cerco contra Frondizi que aceleradamente se iría haciendo cada vez más estrecho.